Los legisladores de Fuerza Republicana (FR), Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra, presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia industrial en Tucumán, con el objetivo de aliviar la crítica situación que atraviesan numerosas empresas locales. La iniciativa lleva la firma de toda la bancada opositora de Fuerza Republicana y fue ingresada formalmente en la Legislatura provincial.

La propuesta, impulsada por Bussi -presidente del bloque- y su par Verón Guerra, cuenta con el respaldo de los legisladores Silvia Elías de Pérez, José Cano, Claudio Viña, Manuel Courel, Walter Berarducci y Raquel Nievas.

El proyecto declara la emergencia para la actividad industrial hasta el 31 de diciembre de 2025 y contempla beneficios fiscales concretos para aquellas empresas que hayan invertido, generado empleo y sostenido su actividad en el tiempo. Entre las medidas principales, se propone la entrega de certificados de crédito fiscal de hasta el 30% sobre los impuestos a los Ingresos Brutos, Sellos y Salud Pública, aplicables al ejercicio 2025.

El porcentaje del beneficio estará escalonado de acuerdo con la cantidad de trabajadores:

- 30% para empresas con 100 o más empleados.

- 20% para aquellas con entre 50 y 99.

- 10% para las que tengan entre 15 y 49 empleados.

Un alivio ante la presión fiscal

“Este proyecto busca nivelar el terreno de juego para las empresas tucumanas, equiparándolas con aquellas que ya gozan de beneficios especiales”, explicaron Bussi y Verón Guerra en un comunicado. La iniciativa busca proteger el empleo, estimular la inversión y ofrecer un alivio ante la presión fiscal que afecta al sector productivo, según dijeron.

En los fundamentos, se destacan los problemas estructurales que enfrenta la industria: caída del consumo, ingreso masivo de importaciones, escaso acceso al crédito, competencia desleal y una carga impositiva excesiva.

“Proteger la industria es proteger el trabajo, y proteger el trabajo es defender la estabilidad de miles de familias tucumanas”, expresó Ricardo Bussi, quien también reclamó un tratamiento urgente del proyecto, ante la falta de respuestas concretas por parte del oficialismo.

La autoridad de aplicación prevista será el Ministerio de Economía y Producción local.